Los profesionales de la salud manifestaron “rechazo” por los artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) referidos a “los adolescentes en conflicto con la ley” mediante una carta.
En el documento expresan que desde su óptica “las medidas punitivas están ya establecidas y no se requiere ni es conveniente su ampliación”. De esta manera, consideran “un agravamiento que no contribuye” con las medidas socioeducativas, haciendo énfasis en que la LUC establece “la cárcel para los adolescentes infractores Agregaron que dada su “experiencia” profesional en medicina, psicología, trabajo social, enfermería y otras disciplinas en las que tienen contacto con adolescentes, “saben” que “quienes transgreden los límites de la convivencia en sociedad y realizan actos delictivos de diferente magnitud, han tenido una niñez muy difícil, con violencias, y situaciones traumáticas de distinta índole”. En este marco, los profesionales de la salud refieren al Capítulo V: Normas sobre adolescentes privados de libertad, que abarca desde el artículo N.º 75 al 80 de la LUC. Estos cinco artículos forman parte de los 135 que la Comisión Nacional por el Sí busca derogar y que se votarán el próximo domingo 27 de marzo. De esta manera, el documento que presentaron este martes hace alusión a la Convención de los Derechos del Niño, que abarca hasta los 18 años y que “dice en el artículo N.º 37 que la detención debería ser el último recurso y que será utilizado por el menor tiempo posible”. Asimismo, escriben que menciona la “dignidad y a la autoestima que deben primar Estas medidas no favorecen la buena reinserción de estos jóvenes y su desarrollo pleno como ciudadanos si el tiempo que están presos se extiende, si se restringe el régimen de semilibertad que permite actividades con la familia y la comunidad, si la salida anticipada se niega, si los antecedentes van a permanecer accesibles”, continúa el texto. Los expertos concluyen expresando que “no es aceptable” que una sociedad “dirigida por adultos sensibles, responsables y humanos adhiera a soluciones más punitivas que verdaderamente socioeducativas”. En tanto, consideran que es su “deber” ayudar a reparar, para que “estos adolescentes dejen de ser considerados delincuentes y sean apreciados como seres humanos solidarios que aprendieron también a reparar”.
