El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una declaración este jueves en respuesta a un comunicado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que sostiene que la “continua disminución de la calidad del agua” en Uruguay ha generado una situación “alarmante”.
“El 60% de la población de Uruguay enfrenta un problema con el agua potable, cuya calidad ha disminuido llegando a niveles alarmantes de salinidad en su composición. Los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas, al igual que otros grupos vulnerables, son los más afectados. Las autoridades sanitarias uruguayas han reconocido el riesgo y han pedido a la población que compre agua embotellada para beber”, apunta el informe que se titula “Uruguay: El agua para consumo humano debe estar por encima de sus usos industriales”.
En respuesta, Cancillería señaló que “ante las inexactitudes” del comunicado emitido por el relator especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento (Pedro Arrojo-Angulo) y el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, el Gobierno de Uruguay reitera: “Hasta la fecha los valores establecidos en la excepcionalidad no se consideran alarmantes ya que el incremento autorizado con el fin de asegurar el abastecimiento ha sido evaluado por las autoridades sanitarias y académicas; y se ha considerado que es posible que la gran mayoría de la población general, a excepción de algunos grupos especiales con mayor vulnerabilidad en el consumo excesivo de sal, pueden seguir consumiendo la misma”.
“Para respaldar a las personas en situación de vulnerabilidad, los beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social reciben el apoyo económico para la compra de 60 litros de agua por mes, equivalente a uno de cada tres habitantes de la zona afectada (2 litros de agua por día por persona)”, añade el documento divulgado por Cancillería, que posteriormente detalla los beneficiados con las medidas tomadas por el Gobierno.
En un tercer punto, el Gobierno uruguayo señala que para prevenir el fallo de la infraestructura hídrica y preservar la salud pública, OSE y el Gobierno erigieron una estrategia basada en tres pilares que fueron detallados en el comunicado. En particular, el Gobienro hace hincapié en que
“El Gobierno nunca recomendó reducir el consumo humano de agua, sino su disminución en actividades no esenciales con el propósito de asegurar una mejor calidad de agua por un tiempo más prolongado”, apuntó Cancillería.
En particular, el Gobierno hace hincapié en que se ha mantenido la continuidad en el suministro de agua “sin la realización de cortes”, lo que evita la posibilidad de contaminación biológica.
“La continuidad del servicio de las redes de distribución y la presión interna es lo que garantiza la protección contra los riesgos biológicos. Mantener el servicio de saneamiento para que las más de 550.000 viviendas de la región metropolitana puedan evacuar las aguas residuales domésticas, evita el surgimiento de un escenario de enorme peligro sanitario y la propagación de enfermedades, y principalmente protegiendo la salud de la población y la sanidad pública en general”, afirmó Cancillería en la contestación
