“A todos nos duele que alguien le pida a otro que pierda el celular, nos duele y nos conmueve que un asesor del presidente pueda romper un documento público y que la exsubsecretaria declare que fue entregado por segunda vez el documento, porque el primero lo había roto Roberto Lafluf, y eso tendrá que investigarse”, agregó, aunque aclaró que deberá ser la Justicia la que determine dónde hay delito.
«El presidente le dio la orden a Lafluf de que pusiera de acuerdo a Carolina Ache y a Guillermo Maciel sobre unos chats, cuando ya tenían una orden judicial de entregar esos chats al pedido que había hecho el FA en la Justicia y que eso claramente violenta una decisión judicial. Eso fue decidido el 9 de noviembre», cuestionó al comienzo de la conferencia, pero luego aclaró que Lafluf convoca en nombre del presidente: «Hay gente que tiene que dar explicaciones. Es Lafluf, es Maciel, es Ache, es Bustillo y es el presidente Lacalle».
“Nos llama poderosamente la atención que alguien diga que ninguno cometió un acto ilícito y que les acepte la renuncia a todos. Una de las dos cosas está mal, porque o cumplieron con la ley y tuvieron una función pública adecuada y entonces no le acepta la renuncia o no cumplieron con la ley, no cumplieron con las tareas adecuadamente, entonces tiene que aceptarles la renuncia y permitir que la Justicia siga actuando», dijo.
«Como en otros casos, el presidente comenta sobre la legalidad de los hechos y sobre la legalidad de los hechos no resuelve ni el presidente ni el Frente Amplio. En un país democrático, sobre la legalidad de los hechos resuelve la Justicia», remarcó.
También consideran desde el FA que los gobiernos tienen «discrecionalidad de dar o no un pasaporte», en referencia a que el gobierno indica que no podían negarle el documento a Marset. Cuestionan que Maciel no haya llamado a Interpol y le haya enviado un whatsapp a Ache.
Pereira afirmó que las expresiones del gobierno de comparar con lo ocurrido con Sendic son para «distorsionar la realidad»
